La administración Trump está recopilando datos federales para deportar inmigrantes

En un intento por redoblar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ha comenzado a recolectar datos federales para localizar a todo aquel que pueda estar en el país de manera ilegal. La recopilación de datos sensibles se está haciendo a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), según informó el Washington Post.

Esta información incluye datos confidenciales que las personas proporcionaron de manera voluntaria al intentar acceder a ayudas para viviendas o al declarar impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS), bajo la promesa de que no sería utilizada en su contra.

Si bien el principal objetivo de esta estrategia son las familias con estatus migratorio mixto, es decir, aquellas en las que algunos miembros tienen estatus legal y otros no, también se busca “expulsar” a todo aquel extranjero que resida en viviendas públicas, bajo el argumento de que los recursos públicos deben ser exclusivamente para ciudadanos o residentes legales.

Cabe mencionar que esta nueva estrategia no sólo se limita a los datos de vivienda o del pago de impuestos. Según informaron fuentes con conocimiento en el tema, la Administración del Seguro Social (SSA) “ingresó los nombres y números de Seguro Social de más de 6,000 inmigrantes, en su mayoría latinos, en una base de datos que utiliza para rastrear a los fallecidos”, reporta el Washington Post, lo que reduce de manera considerable su posibilidad de recibir beneficios o trabajar legalmente en Estados Unidos.

Aumentan las preocupaciones entre los empleados

Estas nuevas prácticas han encendido las alarmas entre los funcionarios y empleados públicos, quienes no han dejado de mostrar su preocupación por la violación de la privacidad; mientras que, entre la comunidad migrante, crecen los temores de que sus datos personales puedan ser usados en su contra, de manera incorrecta.

Como era de esperarse, usar los datos del gobierno con fines de deportación, también ha generado muchas críticas, además de abrir un debate sobre hasta qué punto el gobierno puede aprovecharse de la información personal de los individuos que confían en las instituciones.

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