Alerta inmigrantes que viven en Doral: la ciudad firma acuerdo para colaborar en operativos migratorios del ICE
Doral, la ciudad con más inmigrantes venezolanos en Florida, se une al programa 287(g) para colaborar en los operativos migratorios del ICE en el estado.


La ciudad de Doral, en Florida, que se distingue por tener la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos, es acusada de “traicionar” a los suyos tras unirse al programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A través del 287 (g), los oficiales del orden público estatal y local tienen la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin la documentación necesaria. También se les permite “cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según explicó el gobernador del estado, Ron DeSantis, a través de un comunicado emitido en febrero.
No obstante, todas estas funciones deberán concretarse bajo la dirección y supervisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por lo que el ICE ya se encuentra capacitando a la policía local.
De acuerdo con CNN, alrededor de 27,000 inmigrantes venezolanos viven en la ciudad de Doral, lo que conforma la mayor concentración de la comunidad en todo Estados Unidos. Por ello, la noticia ha sido percibida como una traición por muchos de sus habitantes. Además, fueron los venezolano-estadounidenses quienes ayudaron a ganar a Trump en la ciudad con un margen de victoria que aumentó cerca de 20 puntos porcentuales entre 2020 y 2024.
Funcionarios fueron obligados a inscribirse al programa
Durante la reunión del consejo, celebrada la tarde del miércoles 16 de abril, algunos funcionarios de la ciudad aseguraron que, pese a sus creencias, estaban obligados a inscribirse a dicho programa, dado que así lo establecía la ley estatal.
“Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todos aquí tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”, señaló el fiscal municipal Lorenzo Cobiella, según declaraciones recogidas por CNN. “Sin embargo, todos juramos defender y proteger la ley. Y en este caso, tenemos muy poca discreción sobre lo que podemos hacer. El estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no las tomamos, nos amenazan con sanciones penales”.
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